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Imputan a siete personas por agresiones a gobernador Urquizu

Agresión al gobernador Urquizu
Agresión al gobernador Urquizu

Éxito Noticias, 9 de marzo 2019.- Siete personas fueron imputadas como presuntas responsables de la agresión al gobernador de Chuquisaca Esteban Urquizu durante los conflictos por el megacampo Incahuasi en mayo de 2018; con esa decisión, el Ministerio Público investigará a esas personas por los delitos de desórdenes o perturbaciones públicas, pero no pidió ninguna medida cautelar porque la pena por ese delito es de un mes a un año de prisión.

El 8 de mayo de 2018, después de asistir a una reunión del Comité Cívico en la Federación de Choferes en la plaza 25 de Mayo, el Gobernador denunció que fue agredido por una turba de manifestantes cuando abandonaba el lugar y acusó a sus detractores por los delitos de tentativa de homicidio en grado de tentativa y lesiones graves y leves.

Urquizu denunció agresiones físicas y verbales de personas enardecidas que habrían intentado quitarle la vida con piedras y objetos contundentes cuando intentaba dirigirse a la Gobernación.

La Fiscalía, luego de la fase preliminar de investigación que llevó casi diez meses, porque hubo al menos dos ampliaciones de la investigación para individualizar a los presuntos autores de la agresión y las dificultades que tuvo en la notificación a ciudadanos, presentó la imputación formal contra siete personas el 28 de febrero.

El fiscal Departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, informó que la denuncia fue ampliada contra Mario Salazar (activista político), Douglas Domínguez, Jesús Gabriel Soliz (estudiante), Weimar Fernando Quisbert (estudiante), Diego Ortega (universitario), Jesús Luis Espinoza (chofer), y Toribio Rejas (chofer), por la supuesta comisión de los delitos de coacción e instigación pública a delinquir.

Posteriormente, de oficio, los fiscales de la Unidad Corporativa Personas y Homicidios hicieron una segunda ampliación por el delito de desórdenes o perturbaciones públicas.

De acuerdo con el Código de Procedimiento Penal el delito de desórdenes o perturbaciones públicas tiene una sanción de un mes a un año de prisión.

Los delitos de tentativa de homicidio en grado de tentativa y lesiones graves y leves acusados por el Gobernador fueron rechazados por la Fiscalía, porque según las pruebas de las cámaras de video de los bancos y de los medios de comunicación se observa que la agresión fue con objetos contundentes, sin embargo, no se presentó ningún certificado médico forense que acredite alguna lesión.

Uno de los imputados, Mario Salazar, aseguró que jamás participó de las agresiones al Gobernador porque a esa hora se encontraba cerca de la Casa de la Libertad, donde su esposa estaba en huelga de hambre. Tampoco aparece en los videos o fotografías, según dijo.

Salazar aseguró que no fue notificado con la imputación y menos convocado a declarar para asumir defensa en esa denuncia.

(Correo del Sur)

 

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